ASESORÍA JURÍDICA EN MADRID

Sí, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2025 es obligatorio acreditar que se ha intentado una vía de resolución extrajudicial del conflicto antes de poder interponer una demanda ante los tribunales. Esto incluye mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación directa entre las partes o sus abogados, o la opinión neutral de un experto, conocidos colectivamente como Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta obligación tiene implicaciones prácticas importantes: la solicitud de inicio de un MASC interrumpe los plazos de prescripción de las acciones, y si no se alcanza un acuerdo, las partes disponen de un año para presentar la demanda. El requisito no se aplica a procedimientos urgentes, de derechos fundamentales, de familia, laborales, penales ni concursales.

Son tres vías distintas para resolver un conflicto, con implicaciones muy diferentes en cuanto a coste, tiempo y resultado. La mediación es un proceso voluntario y confidencial en el que un mediador neutral facilita el diálogo entre las partes para que lleguen a un acuerdo por sí mismas; ninguna decisión se impone desde fuera y el acuerdo alcanzado tiene fuerza ejecutiva si se eleva a escritura pública. El arbitraje es también extrajudicial pero en este caso un árbitro o tribunal arbitral dicta un laudo con la misma fuerza que una sentencia judicial, siendo las partes quienes previamente acuerdan someterse a esta vía, habitualmente mediante una cláusula en el contrato. El juicio es el proceso judicial ordinario ante los tribunales, con todas las garantías procesales pero también con los plazos, costes y formalidades que ello implica. Con la Ley 1/2025, en muchos casos hay que intentar primero la mediación u otra vía extrajudicial antes de poder acudir al juicio. En Asesoranza te asesoramos sobre qué vía es más conveniente para tu situación concreta, buscando siempre la solución más eficaz y menos costosa para tus intereses.

Las obligaciones en protección de datos se han reforzado notablemente en los últimos meses. La Ley 10/2025, publicada en diciembre de 2025, introduce nuevas exigencias para las empresas en su relación con clientes: mayor transparencia en la contratación telefónica, tiempos máximos de respuesta en los servicios de atención al cliente, canales accesibles para gestionar reclamaciones y protección frente a prácticas abusivas en comunicaciones comerciales. A esto se suma el marco del Reglamento General de Protección de Datos, que sigue exigiendo a cualquier empresa que trate datos personales disponer de política de privacidad actualizada, registro de actividades de tratamiento, medidas de seguridad adecuadas y, en determinados casos, un Delegado de Protección de Datos. Las sanciones por incumplimiento pueden ser muy elevadas, llegando hasta el 4% de la facturación anual global. 

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024 y en aplicación progresiva desde 2025, establece un marco de obligaciones para las empresas que desarrollen o utilicen sistemas de IA, clasificándolos según su nivel de riesgo. Los sistemas de riesgo inaceptable, como el reconocimiento facial masivo sin consentimiento o la manipulación subliminal, están directamente prohibidos. Los de riesgo alto, que incluyen sistemas que afectan a decisiones laborales, crediticias o de acceso a servicios esenciales, exigen documentación técnica detallada, evaluaciones de impacto, registro ante las autoridades y auditorías periódicas. Los sistemas de riesgo limitado, como los chatbots, deben cumplir requisitos de transparencia e informar al usuario de que está interactuando con una IA. En España, la Agencia Española de Supervisión de la IA asume las funciones de vigilancia y control.