El 12 de julio es un día que llevamos marcado los profesionales que creemos en la función social de la abogacía, y es que es el Día de la Justicia Gratuita.

Lamentablemente, la Justicia Gratuita está actualmente en un estado de triste desprestigio, tanto desde un plano institucional, como desde un plano social.

Por un lado, la Justicia Gratuita se configura como uno de nuestros pilares del Estado, pues es esencial para el funcionamiento de la Administración de Justicia y, por tanto, un pilar esencial del Estado del Bienestar, pero, lamentablemente, las distintas administraciones del Estado vienen a maltratar de forma generalizada a esta importante función social.

En primer lugar, desde un plano económico, pues no se dota a los Colegios de Abogados de los fondos necesarios para sufragar en tiempo y forma este sistema tan esencial. Pero el maltrato que más nos duele a los profesionales que entregamos nuestra vocación al buen funcionamiento de este servicio social es el derivado de no dotar de la dignidad que este servicio merece y que es tan bien percibido por la ciudadanía.

Sin embargo, las abogadas y abogados que entregamos nuestro tiempo a dotar de una asistencia gratuita de calidad a las personas más necesitadas llevamos con mucho orgullo lo que la Justicia Gratuita representa para la sociedad.

A diferencia de lo que mucha gente cree, no existe la diferenciación entre “abogados de oficio” y “abogados particulares”. Lo habitual es que los mismos profesionales que nos volcamos con nuestros clientes particulares encontremos tiempo para facilitar a los beneficiarios de la Justicia Gratuita el tiempo, estudio y conocimientos que necesitan.

La Justicia Gratuita es un pilar esencial de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado del Bienestar y, gracias a ella, se cubren las necesidades jurídicas de aquellos que más lo necesitan, y, sin lugar a duda, un sector que necesita una Justicia Gratuita de calidad es el relativo a las personas migrantes.

Ya sean personas en busca de asilo, que huyen de conflictos bélicos o de situaciones de pobreza, las personas que llegan a un país extraño requieren, entre otras muchas cosas, de un apoyo jurídico esencial.

Así, de esta forma, en este 2022 la abogacía se ha volcado con las necesidades de la ciudadanía proveniente de Ucrania y ha puesto a su disposición los servicios de orientación jurídica de los 83 Colegios de la Abogacía, así como ha elaborado una guía para explicarles cómo pueden reclamar sus derechos. Con esta rápida reacción, la Abogacía ha demostrado que se encuentra, y se debe encontrar, a la vanguardia de la sociedad civil.

Pero la labor de la abogacía no se limita a circunstancias tan excepcionales, sino que es la punta de lanza de la defensa de las personas que llegan diariamente a nuestro país, dando un apoyo tanto en materia de extranjería como de asesoramiento a través de los Servicios de Orientación Jurídica.

Y es que España, por su situación geográfica, es una puerta de entrada a Europa y, por tanto, es un país de acogida de personas extranjeras y eso se ha de materializar en todos los aspectos sociales y económicos, y, cómo no, en la defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de las personas que emigran a nuestro país y a Europa.

De esta forma, es especialmente significativa la labor de los profesionales de la abogacía en puntos fronterizos de nuestro país, en los cuales se materializa la imperiosa necesidad de asistir, jurídicamente también, a aquellos que buscan un futuro mejor.

Con toda esta actuación diaria, los 365 días del año, la abogacía acredita su importancia social y su compromiso con los valores democráticos que hoy se celebran.